Violencia de género: El caso de Miguel Ángel Salgado Pimentel

Quizás por esa mala costumbre que tienen los medios de informarnos de lo que no es importante y de mantener silencio sobre lo que sí lo es, supe del caso de Miguel Ángel Salgado Pimentel hace muy poco, cuando ya había pasado el día en que se recuerda su muerte. Quiero, de todas formas, recordarlo hoy.

Miguel Ángel contrajo matrimonio con la abogada Maria Dolores Martín Pozo en 1998 y tuvieron una niña, María José. Miguel Ángel decidió separarse en diciembre de 2001 y en el 2002 sometió la demanda de divorcio. Como ocurre usualmente en los divorcios, el juez Juan Pablo González del Pozo concedió la custodia de la niña a la madre, quien empezó a interferir las relaciones entre padre e hija, negándose a llevar a la niña al punto de encuentro dispuesto por la corte.

En el 2003 la madre denunció falsamente a Miguel Ángel por abusos sexuales, por lo que la corte le suspendió las visitas a su hija. Luego de dos años sin contacto entre padre e hija, en septiembre del 2005 la corte levantó la suspensión debido a la falta de evidencia de las acusaciones. El juez ordenó entonces que la madre debía de llevar a la menor a una serie de visitas con el padre bajo la supervisión de psicólogos para observar el comportamiento que mostraba la hija con su padre, a lo que la madre se niega, por lo que el juez le impone una multa de 250 euros y se le apercibe con quitarle la custodia de la menor. La madre argumentó que la niña no quería ver a su padre, por lo que el juez solicitó un informe al psicólogo, y dicho informe sostuvo que la madre estaba deliberadamente obstaculizando los contactos entre la niña y su padre, impidiendo las visitas entre ambos desde hacía tres años.

Durante el juicio celebrado el 24 de enero de 2007, la madre amenazó de muerte a Miguel Ángel frente a un testigo. El juez emitió la sentencia de divorcio el 14 de marzo de 2007, y le da la custodia de la niña a Miguel Ángel, ordenando un dispositivo policial en el colegio de la menor para garantizar la entrega.

Ese mismo día, Miguel Ángel fue asesinado de tres balazos en el garaje de su casa por Charles Michael Guarín Cercos en acuerdo con Eloy Sánchez Barba, por encargo de la madre. Para completar el cuadro de horrores, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas Bahamonde, hizo que se llamara por teléfono a la madre para brindarle su apoyo, recomendándole que acudiera a dos abogadas de la Asociación Themis, una organización feminista radical, y ofreciéndole su ayuda en caso que llegue hasta el Tribunal Constitucional.

Tras el asesinato de Miguel Ángel, el juez solicitó un nuevo informe pericial para determinar la custodia de la menor. La madre se negó de nuevo a acatar esta resolución y, con el propósito de apartar al magistrado del procedimiento, denunció al magistrado por comisión de un delito en un proceso penal, sin especificar el delito, pero la denuncia y la posterior querella fueron archivadas.

Tras la encarcelación de la madre en mayo del 2008, el magistrado abrió un nuevo procedimiento para determinar la custodia de la menor, huérfana de padre y con su madre en prisión, y dicho procedimiento determinó que la tutela de la niña debía corresponder a la Comunidad de Madrid.

La madre, quien ahora busca conseguir la custodia exclusiva para los abuelos maternos y bloquear las relaciones de la niña con sus abuelos paternos, dirige desde la cárcel una campaña de descrédito en contra del juez González del Pozo, colocando a sus familiares y amigos frente a la corte para que acosen al juez con panfletos insultantes y un megáfono. El objetivo de la campaña es provocar al juez para que someta una querella o una demanda contra la madre, dándole así la oportunidad de recusarle y apartarle del proceso judicial. Sabiendo esto, el juez se limitó a solicitar el amparo del Consejo General del Poder Judicial denunciando el acoso al que es sometido, evitando así la recusación. El pasado septiembre de 2008, un testigo de cargo contra la abogada, denunció en que estaba recibiendo amenazas de muerte.

En la actualidad la menor se encuentra bajo la custodia de la pareja de la madre, con quien no tiene ningún vínculo familiar.

Cada 14 de marzo a las 7:00 PM, el día y la hora en que Miguel Ángel fue asesinado, la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS), uno de los grupos que componen el importante y creciente movimiento a favor de la custodia compartida en España, celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra el Hombre. Ese día, como acto de recordación y solidaridad, se guarda un minuto de silencio y se coloca una vela blanca en la ventana.