Las cortes de familia y el RICO Act

Muchos estados tienen leyes custodia compartida. En muchísimos casos, la ausencia de ley no es el problema, sino la falta de compromiso de las cortes de familia con la ejecución de las leyes. Las leyes existen, pero los jueces y sus cortes no las cumplen.

La grieta por donde los jueces son capaces de traicionar las leyes que juraron defender y ejercer poderes prácticamente ilimitados, es la llamada “discreción judicial”. Mediante este recurso, muchas leyes de familia abren la puerta a que el juez pueda decidir cuándo y/o cómo aplicar la ley, siempre y cuando que pueda dar una justificación para ello, lo que en la práctica se traduce en que los jueces pueden usar cualquier excusa para hacer lo que les de la gana. (¿Recuerdan aquella escena de la película V for Vendetta, en la que unos oficiales del gobierno están a punto de violar a la protagonista ejerciendo su discreción judicial? Definitivamente, yo no soy el primero en notar que el concepto de discreción judicial tiene consecuencias nefastas para la administración de la justicia.)

Esto no fuera tan dañino si el sistema judicial proveyera medios para corregir sus errores, para lo que se supone sirva el proceso de apelación. Lo cierto es que la estructura judicial se autoprotege, de la misma forma corrupta (¿dije que escribo desde Nueva Jersey?) que lo hacen las organizaciones criminales, siguiendo la vieja regla de “una mano lava la otra”. La figura legal que esta forma de encubrimiento asume es el principio según cual una corte superior debe deferencia a las decisiones de las cortes de primera instancia. Según este erróneo principio, las cortes superiores deben asumir que las cortes de primera instancia estaban mejor informadas que ellas, y por lo tanto, sus decisiones deben ser respetados aunque sean evidentemente incorrectas. Y como el principio de la discreción judicial se aplica también a las cortes de apelaciones…

El ciclo de manipulación legal sería el siguiente: usando su discreción judicial la corte de familia toma una decisión que traiciona las leyes de familia, el padre apela la decisión, las cortes superiores sostienen la decisión de la corte de familia basándose en que ésta sabe más que aquella: repito, una mano lava la otra.

Esta mal intencionada manipulación de las leyes por parte de las cortes con el propósito de traicionarlas no es inusual. En el caso de Brown v. Board of Education of Topeka (1954), la decisión que en principio declaraba ilegal la segregación racial en las escuelas de los Estados Unidos, el texto que ordenaba el fin de la segregación decía con deliberada ambigüedad que la orden debía ser ejecutada 'with all deliberate speed' (a la mayor brevedad posible). Como no se daba una fecha límite específica, las cortes usaron esta ambigüedad para retardar por más de una década la aplicación de la orden.

Todos nosotros hemos oído hablar del RICO Act. The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (comúnmente conocida como RICO Act o RICO) la ley federal que penaliza a las organizaciones criminales. En una de sus definiciones, incluye como crimen organizado a cualquier organización involucrada en la obstrucción de la justicia (B sección 1503) y en la obstrucción de la aplicación de las leyes (B sección 1511).

Mi pregunta es la siguiente: ¿Podría una institución del estado, por estar involucrada en una actividad ilegal, ser considerada una organización criminal? Si es así, ¿Podría ésta ser procesada bajo el RICO Act? Si es así, ¿podrían los jueces de familia ser considerados parte de una organización criminal si de forma organizada participan en la obstrucción de la ley y en la obstrucción de las políticas públicas del estado? Yo creo que sí, y lo creo porque nada ni nadie, ni siquiera los jueces, está por encima de la ley, no debemos tolerar que los jueces continúen traicionando las leyes que se supone defiendan.

Nosotros, los que luchamos por nuestros hijos debemos cuestionar y desafiar al sistema que sostiene la desigualdad y la injusticia. No podemos ser cobardes. Nuestros hijos nos esperan.